La emoción de un país, por legítima y entendible que sea, no es una buena razón para legislar.
La crisis de seguridad que enfrenta nuestra sociedad alcanza una envergadura y gravedad desconocidas en nuestra historia, y el país requiere enfrentarla con decisión y unidad de propósitos, sin embargo, las decisiones tomadas en un momento convulso y emocionalmente afectado, pueden costar caro a mediano y largo plazo.
La tragedia de Carabineros, vivida justamente en su aniversario número 97, con tres nuevos mártires enlutando la institución y conmoviendo a un país, cambia el estado de ánimo de la sociedad y ha llenado páginas de la prensa y horas de televisión con sentidos discursos, pero poca responsabilidad y, sobre todo, muy poca reflexión.
Chile necesita asumir deficiencias estructurales en su manera de entender la labor policial y la inteligencia requerida para enfrentar una criminalidad completamente distinta a la que acostumbrábamos combatir como país, y eso no se logra con una legislación apresurada y emotiva… ponerle nombres a las leyes no garantiza que la empatía que eso implica, sirva para resolver los problemas que la motivaron, y, en ese sentido, la presión por una agenda legislativa que se haga cargo de la crisis puede tener consecuencias para el futuro del país si no se resuelven cuestiones trascendentales de manera previa y razonada.
Endurecer las penas, restringir la migración y militarizar la seguridad pública aparecen como las reacciones naturales de una sociedad afectada por una crisis de esta naturaleza, sin embargo, no garantizan los resultados que se supone persiguen, y, peor que eso, representan también riesgos importantes.
Quizás, antes de endurecer las penas, se podría evaluar porque no se cumplen adecuadamente las que existen, antes de dar rienda suelta al populismo penal y crear una infinidad de nuevos tipos penales, se podría pensar en cómo adecuar, si es que es estrictamente necesario, los que ya existen, antes de ceder a la xenofobia y el instinto básico de culpar de todo a los migrantes, se debería racionalizar la política migratoria y antes de militarizar la seguridad pública, se debería mejorar la inteligencia policial y desarrollar una verdadera estrategia nacional en la materia, además de clarificar su rol y las reglas de uso de la fuerza con sentido de realidad y oportunidad.
La tentación de responder rápido y con firmeza, es comprensible, pero la celeridad presionada por la emocionalidad, no necesariamente garantiza que el éxito, y para lo que verdaderamente no tenemos tiempo, es para fracasar, otra vez en la resolución de los temas de fondo.
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